Entre las herramientas disponibles para fomentar las inversiones en la reducción de riesgo se encuentra el análisis costo-beneficio, empleado con éxito en el proceso de toma de decisiones. Este análisis se basa en un principio muy simple: compara los beneficios y los costos de un proyecto particular y, si los primeros exceden a los segundos entrega un elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad.

En un informe preparado por la CEPAL, se calcula que en los países de las Américas se perdió más de US$3.120 millones en un periodo de 15 años por causa de los daños a la infraestructura sanitaria. Se estima que las pérdidas indirectas son considerablemente mayores cuando se mide el aumento de los costos sanitarios para los millones de personas que quedaron sin servicios de salud durante un período prolongado.

En la mayoría de los países de las Américas, las actividades relacionadas con la reducción del riesgo se llevan a cabo mediante el presupuesto ordinario de las distintas instancias gubernamentales involucradas, pues, aún cuando no cuenten con un rubro específico, disponen de partidas desde las cuales pueden financiar éste tipo de acciones.

En el sector salud, por ejemplo, existen fondos asignados a infraestructura, mantenimiento ó los que algunos establecimientos generan como ingresos propios, que se pueden invertir para la protección de los servicios de salud. A diferencia de los fondos asignados a la respuesta ante desastres, estos fondos de desarrollo permiten mejorar la seguridad de una instalación que aún no se ha dañado.