El grado de riesgo al que está expuesto un país o un grupo de la población cuando sobreviene un evento violento depende de la combinación de dos factores: la amenaza y la vulnerabilidad. Por lo tanto, para definir el riesgo, se requiere diagnosticar las amenazas así como la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

Existen diversas herramientas que permiten evaluarlas amenazas. CAPRA es un ejemplo que ofrece modelos para la evaluación de varias amenazas. La plataforma CAPRA incluye los modelos más utilizados para los diferentes tipos de amenazas.

Es importante enfatizar que el análisis como tal es responsabilidad de los organismos nacionales y requiere la participación de instituciones técnicas y científicas relacionadas con campos afines a la geología, sismología, vulcanología, hidrometeorología, epidemiología, entre otros.

Se han desarrollado diversas metodologías y herramientas para dimensionar el riesgo, pero debido a que no existen criterios comúnmente aceptados y reconocidos para este tipo de evaluación, muchas de ellas tienden a dar resultados diferentes y/o parciales, dependiendo de los criterios utilizados y de la importancia y los valores que se les asigna.

Entre estas, existe el sistema de indicadores de riesgo de desastre y de gestión de riesgos, que mediante un método cuantitativo, intenta dimensionar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, para facilitar a los tomadores de decisiones a tener acceso a información relevante que les permita identificar y proponer acciones efectivas de gestión del riesgo, considerando aspectos macroeconómicos, sociales, institucionales y técnicos.

Una vez evaluado el riesgo, y teniendo en cuenta que no es posible reducirlo a cero, es necesario definir un nivel de "riesgo aceptable", o sea un valor admisible de probabilidad de consecuencias sociales y económicas de un desastre.

De acuerdo a este riesgo aceptable, se establecen los lineamientos de la planificación y el diseño de las obras de protección a implementar.

Es así que existen diversos matices y niveles crecientes y sucesivos de protección que el sector salud debe considerar: La protección a la vida, que es el nivel mínimo aceptable de protección y está orientado a salvaguardar la vida y la salud y la población.

La protección de la inversión, que implica evitar la pérdida de los bienes, equipamiento y suministros con los que cuenta la población tanto como el sector salud. La protección de la función está destinada a cerciorarse de que los sistemas y servicios de salud sigan funcionando en casos de desastre. Se entiende que para lograr este nivel de protección, se habrá logrado proteger la vida y la inversión, ya que este es el grado óptimo de protección que se debe lograr en aquellos servicios indispensables para la comunidad. 

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desastres en el sector salud